Reproduccion integra de reportaje aparecido el dia de ayer domingo 25 de junio, en Milenio semanal, donde trata sobre la relacion de presidentes municipales de Sonora panistas, con narcotraficantes.
Los casos se repiten, las pruebas se acumulan, sólo faltan las consecuencias legales, pero varios directores de seguridad pública de municipios sonorenses gobernados por autoridades del Partido Acción Nacional, se han visto involucrados con el narcotráfico. Incluso algunos alcaldes, al resistirse a poner orden y destituirlos, levantan sospechas sobre su participación en el “negocio”. De 75 municipios, 25 se encuentran vinculados.
Hermosillo.- Los habitantes de esta entidad se preguntan cómo cerrar filas con Felipe Calderón en su “ya basta” contra el narcotráfico, cuando sus propios compañeros de partido, convertidos en presidentes municipales unos y otros en directores de Seguridad Pública, se han visto involucrados en narcofiestas, en protección al traslado de droga hacia Estados Unidos, en asesinatos, levantotes, atentados y hasta en megarrobos como el de 144 millones de pesos a una empresa de traslado de valores.
Si a cualquier ciudadano de a pie se le pregunta por las autoridades de municipios gobernados por Acción Nacional, como Cajeme, Ciudad Obregón, Agua Prieta, Caborca, Cananea, Bacochi, Nogales, San Luis Río Colorado y Benjamín Hill, lo primero que asocia con esas autoridades panistas es al crimen organizado.
La ciudadanía sonorense no es la única que se ha visto en la necesidad de denunciar ese nexo PAN-narcotráfico, y tomar palacios municipales para exigir la destitución de esas autoridades. La Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE), ya le ha echado el guante a varios mandos de corporaciones policiales de esos ayuntamientos gobernados por el panismo, mientras jueces en materia penal han dictado sentencia en su contra, por la comisión de diversos delitos.
Hasta el Ejército Mexicano ha tenido que ejecutar operaciones sorpresa para tomar oficinas de Seguridad Pública municipales, donde se ha encontrado cocaína, cargadores R-15 con cartuchos exclusivos del Ejército y vehículos robados. “En donde se supone debe de empezar la seguridad ¡está lleno de corrupción!”, sentencia el comandante del Ejército, Juan Carlos Jiménez Macotela.
Y sí. Basta con zambullirse en los expedientes y averiguaciones previas radicadas en la procuraduría estatal para armar un enorme rompecabezas que dibuja esa presunta relación de administraciones emanadas de Acción Nacional con el crimen organizado.
Hablemos primero del caso de Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, ubicada en la zona yaqui y hermanada con la ciudad de Tucson, Arizona. Por esos rumbos del sur del estado y a 50 kilómetros del Mar de Cortés, se hizo del poder el panista Armando Jesús Félix Holguín, nacido en el llamado barrio de La Laguna, municipio de Navojoa.
Dos años y seis meses fungió como alcalde de los cajemenses. Eso fue de 2003 a 2006. Durante su gestión siempre presumió a Salvador Espinoza Barraza como el mejor policía que pudiera coordinar la dirección de la Policía Preventiva de ese ayuntamiento, tanto que lo condecoró como “El Policía del Año”.
Pero el 28 de marzo de este 2008, en atención a un oficio de colaboración entre las procuradurías estatales de Sonora y Nayarit, se logró la detención de este Salvador Espinoza por ser cabecilla principal de la banda de asaltantes que el sábado 9 de octubre de 2004 ingresó a las bodegas de la empresa de seguridad Sepsa para robar 144 millones de pesos. En la averiguación previa abierta en su contra se establece que utilizó al menos una veintena de policías bajo su mando para perpetrar el robo.
Antes de lograr esa aprehensión, la procuraduría sonorense ya había capturado a Eliseo Roa, comandante de la policía de Cajeme, y al hijo de éste, Jesús Iván Roa Gutiérrez, cuyo celular tenía varias llamadas al número telefónico de otro panista, Sóstenes Valenzuela, ex alcalde de ese ayuntamiento y compadre de Félix Holguín.
Debido a ello Sóstenes Valenzuela fue citado a declarar ante el Ministerio Público. Ante la autoridad aceptó que el número 66 44 47 00 88 era de su propiedad y también admitió que conocía desde hace tiempo a Eliseo Roa, quien “en alguna ocasión me llamó a mi celular como lo hacen otros policías para algún asesoramiento o para alguna gestión ante el presidente municipal”, junto con quien tiene la costumbre de caminar “todos los fines de semana”. Pero la acción de la justicia aún no ha ejecutado ninguna decisión en su contra.
Sin embargo, fuentes de la delegación de la PGR en esta entidad revelaron que Sóstenes Valenzuela presuntamente tiene vínculos con células de cárteles de narcotráfico como la banda de Los Güeritos o Los Números, y que debido a la protección de estas bandas y bajo el cuidado de la policía de Cajeme, ha asistido a narcofiestas como la realizada en el poblado llamado El Tobarito.
Las pesquisas de la procuraduría sobre el robo de los 144 millones de pesos también apuntaron hacia el jefe Operativo de la policía cajemense, Enrique Montoya, aunque este personaje está en calidad de desaparecido luego de que el 9 de junio de 2007 fue encontrado su vehículo incendiado en el Valle del Yaqui. Su asistente, Ángel Armando Castro Machi, se encuentra recluido en el Cereso estatal debido a que también habría participado en el robo de los 144 millones de pesos.
Un desaparecido más es Luis Manuel Raya, coordinador operativo de comisarías y delegaciones del mismo municipio en tiempos de Félix Holguín. En tanto, el pasado 14 de mayo el Juzgado segundo en materia penal dictó sentencia a varios otros policías implicados en ese hecho, entre ellos Mario Valdez, quien purgará una pena de 20 años de prisión; Jesús Iván Roa, condenado a 18 años, y Juan Ramón Morales, quien estará tras las rejas diez años con cuatro meses.
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Hablemos ahora de ese lugar en el que el Padre Kino fundó su primera misión: Caborca. En ese municipio ubicado al noroeste del estado, el alcalde panista Héctor Cáñez Ríos nombró a Sergio López Portillo como director de Seguridad Pública. Apenas asumió el cargo, la sociedad comenzó a protestar debido a que los medios locales lo señalaban como protector del narcotráfico y de cobrar hasta 50 mil dólares mensuales por dejarlo operar. Para no hacer más “ruido”, López Portillo renunció a su cargo. Pero eso fue el preludio de lo que se avecinaba en el ayuntamiento.
El 30 de abril del presente año un convoy militar a cargo del comandante Juan Carlos Jiménez Macotela, adscrito a la 45ª Zona Militar, sorprendió a las nuevas autoridades panistas del ayuntamiento, encabezadas por Hernán Méndez Oros. Ese día los militares incursionaron en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública bajo el mando de Gilberto Abril Cota. Antes, el mismo Abril Cota había sido destituido como agente del Ministerio Público, por negarse a continuar con un proceso de diligencias en un caso de narcotráfico.
El comandante militar se hizo acompañar por varios reporteros y en el lugar encaró tanto a Gilberto Abril como a su comandante del Grupo de Reacción Inmediata, Aarón Figueroa Quiroz, y frente al alcalde panista, sin más, soltó: “¡Cómo es posible que en la casa de la policía existan vehículos robados, cargados con cartuchos y cargadores de R-15, además de grapas de cocaína!”.
Ante la evidencia irrefutable, el presidente municipal de extracción panista tuvo que ceder y el primero de mayo hizo pública la destitución de sus jefes policiales. En la subsede de la PGR
Un caso más. En Cananea el alcalde panista Francisco García Gámez (2003-2006) nombró como director de Seguridad Pública a Ramón Tacho Verdugo. Apenas asumió el cargo, los habitantes alzaron la voz a través de los medios locales acusándolo de tener vínculos con los llamados Hermanos Paredes, célula del cártel del Chapo Guzmán en la región. “Nada, no hay nada”, así lo defendía una y otra vez el alcalde panista.
Finalmente, la acusación de los ciudadanos tomó otro rumbo. El 26 de febrero de 2007, Ramón Tacho fue ejecutado en el municipio de Agua Prieta. La PGR sabe que fue el narcotraficante apodado El 2000 quien le quitó la vida por haberlo “traicionado y pasarse al bando de El Chapo para brindarle protección a su grupo”.
Al enterarse de la ejecución, su hermano Roberto Tacho, quien también se desempeñaba como director de Seguridad Pública en el municipio panista de Nacozari, renunció a su cargo y se esfumó de la faz de la tierra. Meses después la policía de Estados Unidos lo aprehendió en posesión de un cargamento de cocaína y con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
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El 13 de mayo del presente año, el hoy diputado federal panista David Figueroa Ortega se autodestapó como precandidato de Acción Nacional a la gubernatura de Sonora, que estará en juego en el 2009. Sus cartas credenciales para buscar la candidatura de su partido son las de haber sido también dirigente estatal de esa fuerza política de 2001 a 2003 y haber sido alcalde de Agua Prieta de 2003 a 2006.
Pero a David Figueroa no le ha ido del todo bien. El 27 de noviembre de 2006 sufrió un atentado cuando viajaba de Toluca, Estado de México, hacia el Distrito Federal. Recibió heridas de bala en ambas piernas y un rozón en la cabeza. El 31 de octubre de 2007 sufrió un atentado similar en la ciudad de México. Las sospechas y versiones de que el narco
Y es que pese a los señalamientos de la población y de los medios locales de Agua Prieta, David Figueroa hizo oídos sordos y nombró a Germán Soto López como su director de Seguridad Pública, recomendado por quien había sido alcalde en la ciudad de Hermosillo, el también panista Jorge Valencia Juillerat.
Los policías de Agua Prieta se resistieron al nombramiento con manifestaciones y paros laborales. La razón: sabían que Don Germán cobraba hasta 50 mil dólares mensuales a los cárteles de la droga por brindarles protección en la realización de sus operaciones.
Cuando el escándalo crecía en contra del jefe policial, no hubo más remedio que su renuncia. Pronto encontró cabida en otro ayuntamiento panista aunque ya no en Sonora, sino en Ciudad del Carmen, Campeche, en donde gobierna el panista José Ignacio Seara Sierra.
Poco duró en su nueva dirección. El domingo 17 de junio de 2007, Don Germán salía de misa de ocho de la noche de la Iglesia de la Virgen del Carmen, cuando un comando armado lo interceptó. Tres balas le quitaron la vida, una le dio en la sien.
Vamos de vuelta a Sonora, justo hasta el municipio de Santa Cruz, también gobernado por un militante de Acción Nacional, Bernardo Espinoza Montiel, y donde como director de Seguridad Pública funge su amigo y compañero de partido Ángel Edgardo Lares Cruz.
Retrocedamos el tiempo y el calendario al 8 de abril de 2008. Ese día el Ejército Mexicano, ahora de la II Región Militar con cabecera en Mexicali, Baja California, sorprendió a la autoridad panista. Los soldados descubren un plafón falso en el techo de la comandancia de policía. Ahí encontraron siete armas largas, cuatro pistolas, una granada, cuernos de chivo AK-47, R-15, Uzis y 226 kilogramos de marihuana. Ángel Edgardo se dio a la fuga. Hoy nada se sabe de su paradero.
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Narremos ahora un caso para Ripley. Un caso que involucra a una experta en temas de producción y realización de guiones para radio y televisión. Un caso más de una alcaldesa proveniente de las filas del PAN. Es el caso de Hermosillo, la capital sonorense. María Dolores del Río Sánchez gobernó ese ayuntamiento del 2003 a 2006. Antes de llegar a ese cargo público realizó trabajos de comunicación social y se hizo experta en producción y guiones para radio y televisión. Hoy día realiza modelos educativos como directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) por mandato del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Esta historia es por todos conocida en la entidad, tanto que hasta se le ubica con un título que podría ser de película de cine: El Cuarto Pasajero. Y su guión no pudo ser escrito de forma más comprometedora. El caso terminó por correr el telón y descubrir la presunta relación que guarda el narcotráfico con administraciones panistas, particularmente con sus corporaciones policiales. Un video es la prueba más fiel de los señalamientos que se han hecho. Daniel Irene Enríquez Parra es a quien se conoce como El Cuarto Pasajero. Este personaje era el operador del cártel de los Arellano Félix en el sur de Sonora y cabeza de la banda de Los Güerillos. En la madrugada del 11 de septiembre de 2004, Daniel Irene y tres sicarios más fueron aprehendidos por policías municipales tras haber armado una gresca en un antro de la ciudad. Les decomisaron un vehículo, armas cuernos de chivo y cocaína.
Ante el Ministerio Público Daniel Irene dijo llamarse Eduardo Márquez Fragoso. Luego llegaron agentes de la Policía Judicial Estatal para interrogarlo por más de dos horas. Después fue presentado ante un médico legista en la barandilla de la comandancia de la Zona Centro de la Policía Municipal de Hermosillo. Posteriormente fue llevado ante un juez calificador. Todo fue grabado y cronometrado en las cámaras de video de la comandancia. Sus compañeros Octavio Ortiz, Santiago Álvarez y Ramón Robles pasaron por el mismo proceso y fueron turnados a la delegación de la PGR. Menos él.
El video dejó de grabar la imagen de Daniel Irene. Nadie supo si salió por la puerta por la que entró a la comandancia de policía o si lo hizo por una puerta trasera. Los señalamientos de su fuga apuntaron a los jefes de la policía municipal Sergio Encinas Meléndez y Manuel Portillo Guevara. Al primero la alcaldesa panista lo ratificó en su cargo luego de que se lo recomendara el edil saliente, también panista, Francisco de Paula Búrquez. Ambos policías declararon ante el Ministerio Público Federal. Nada sucedió en su contra.
En febrero de 2005 llegó una noticia a los medios de información locales de Sonora. El Cuarto Pasajero había sido acribillado por agentes federales en la ciudad de Tijuana, Baja California.
El panista y ya ex jefe de la policía de Hermosillo, Sergio Encinas Meléndez, habría leído la noticia como una nota roja más del crimen organizado. Hoy Encinas se dedica a ver asuntos relacionados con migrantes. Es delegado del Instituto Nacional de Migración.
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El caso del municipio panista de Moctezuma también raya en lo inverosímil. Corrían los últimos días de 2007 cuando el director de Seguridad Pública de ese ayuntamiento, David Rochín Esquer, de 46 años de edad, se hizo acompañar de varios policías bajo su mando. El frío de la madrugada invernal poco le pudo a Rochín y sus policías. Era tal su gana por seguir matando venados en plena temporada de veda, que decidieron violar la Ley de Vida Silvestre y los códigos penales de la entidad y de la Federación.
La Policía Estatal Investigadora sorprendió al grupo de policías en el kilómetro 163 de la carretera Moctezuma-Hermosillo y lo puso a disposición del Ministerio Público para enfrentar varios delitos, no sólo del ámbito ambiental sino también de índole penal, debido a que usaron vehículos oficiales y armas de uso exclusivo del Ejército para matar venados.
El abogado y asesor de la Federación Mexicana de Caza en Sonora, Luis Carlos Ross Guerrero, tenía la certeza de que el director de seguridad pública pisaría el Cereso, además de que pagaría una sanción administrativa de hasta dos millones 500 mil pesos. De hecho así se dictó la sentencia. Pero algo sucedió y la ley “se torció”.
No sólo eso. El alcalde emanado de las filas de Acción Nacional, Arnoldo Monge Araiza, le extendió su mano amiga a David Rochín y volvió a abrirle las puertas de la Dirección de Seguridad Pública de este municipio, considerado puerta de entrada a la Sierra Alta. Por estos días la presión de la ciudadanía ha aumentado ante este caso singular, y el alcalde panista está por tomar una decisión crucial: mantener en su cargo a su amigo y compañero de partido o pedirle su renuncia.
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Qué decir de los municipios de Benjamín Hill y de San Luis Río Colorado, gobernados también por Acción Nacional. Qué decir de los habitantes de esos poblados que sin más armas que su protesta a voz en cuello demandan la renuncia de los directores de seguridad pública y han tomado las oficinas de los palacios municipales. En el primer caso, porque aseguran que el director de seguridad pública, Adrián Genaro Álvarez Duarte, fue sentenciado ante un juez luego de que la Procuraduría General de Justicia de la entidad documentara su responsabilidad en la corrupción de menores. Pero el alcalde panista Francisco Salazar se obstina en mantenerlo en su cargo. Los habitantes de San Luis Río Colorado, al menos lograron quitar de su cargo al jefe de la policía municipal, Santiago Huízar Rubio, por estar involucrado en la protección y traslado de indocumentados hacia Estados Unidos.
El caso de aquél
Todo este recuento de presuntos nexos del narcotráfico con administraciones municipales panistas hace recordar el caso del funcionario aquél que trabajaba en la residencia oficial de Los Pinos, cuando Vicente Fox era presidente de México. El caso que se supo del panista sonorense Nahúm Acosta Lugo, que se desempeñó como coordinador de giras presidenciales y que estuvo preso por presuntamente haber filtrado información de logística desde la Presidencia de la República, a los cárteles de la droga.
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El narco en 25 de 72 municipios de Sonora, uno priista
Hermosillo.- De los 72 municipios que conforma Sonora, 32 son gobernados por el PRI, 35 por el PAN, 3 por el PRD, uno por el PVEM y uno más para Convergencia. De éstos sólo un ayuntamiento priista ha sido señalado tanto por la sociedad como por autoridades judiciales de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.
La Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado tienen reportes sobre una presunta relación del narcotráfico con el ex alcalde de Onavas, ayuntamiento ubicado al sureste de la entidad y a un costado del río Yaqui.
Incluso los habitantes de ese municipio aseguran que el ex alcalde Bernardo Buelna Valenzuela, emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional toleró el tránsito de convoyes de camionetas y sicarios que mostraban siempre “extravagancias”.
A decir de los pobladores de ese ayuntamiento, se trataba de personas que no eran ciudadanos sonorenses debido a su fisonomía y su acento distinto.
Con base en un estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) denominado “El mapa de las drogas en México”, de la autoría de Carlos Resa Nestares, consultor de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delincuencia, en Sonora está asentada la mayor presencia del narcotráfico del país, pues de los 72 municipios con que cuenta, el narcotráfico se concentra en 25 cabeceras municipales y una de ellas es Onavas.
La investigación refiere que luego de la circunscripción de Naco, ubicada al noreste de la entidad, Onavas encabeza la lista de una centena de ayuntamientos en donde se encuentra la residencia de sicarios y de la producción y tráfico de enervantes.
De hecho a mediados de 2004 presuntos narcos abandonaron una aeronave con 385 kilogramos de marihuana en las inmediaciones del municipio de Onavas. En aquella ocasión, la Procuraduría General de la República envió un equipo de agentes al área quienes se trasladaron a bordo de un helicóptero Bell 407 y la droga fue encontrada en la brecha de terracería ubicada en la población de Onavas y aproximadamente a seis kilómetros del poblado de la Dura, del municipio de Rosario.
Ahí se encontró una aeronave sin su conductor, de la marca Cessna con matrícula XB-HBC y en el interior se localizaron los 42 paquetes con el enervante. En el lugar de los hechos los federales no pudieron encontrar a ninguna persona la cual respondiera por el artefacto. El hallazgo se dio justo durante la administración del priista Bernardo Buelna. en Caborca se abrió la averiguación previa 140/2008, pero el alcalde no hizo ningún señalamiento en contra de su amigo, compañero de partido y ex jefe policial. estaba detrás de esos atentados fallidos fueron creciendo en tierra sonorense, máxime cuando se comenzó a vincular esos atentados con parte de sus decisiones como alcalde.
Rodolfo Montes/ enviado/ Foto: Sandra Perdomo
junio 25, 2008
